La ley 3.994, que tendrá vigencia por 30 días, fue promulgada anoche por Lugo, horas después de que fuera sancionada por el Senado y luego de una reunión que el mandatario sostuvo con su consejo de ministros, según reportó el sitio web de la Presidencia de Paraguay.
La medida, que fue impulsada por el Ejecutivo, rige en los departamentos Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, San Pedro y Amambay, zona de operaciones del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que se atribuyen secuestros, asesinatos y destrucción de cultivos y maquinaria.
"Esta ley, en términos prácticos, amplía el marco legal para la intervención de las fuerzas militares en materia de seguridad interna, con lo cual no sóo van a poder participar en apoyo logístico, como lo vienen haciendo desde hace tiempo, sino también formarán parte del operativo propiamente dicho”, explicó el ministro del Interior, Rafael Filizzola, en rueda de prensa.
"Queremos dejar en claro que esta medida legal no altera la normalidad democrática en nuestro país; todas las instituciones siguen vigentes y seguirán trabajando de manera invariable”, aclaró el funcionario.
También subrayó que el gobierno va a "seguir llevando adelante los trabajos” que está "haciendo en materia de investigaciones sobre hechos delictivos”.
Filizzola recalcó que el Poder Ejecutivo continuará encarando todas esas tareas en forma conjunta con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial, "como lo establece la Constitución Nacional”.
Asimismo, anunció que se establecerá un comando conjunto para evaluar y dar seguimiento de todas las acciones llevadas a cabo en el marco del operativo, y recordó que el gobierno, desde sus inicios, consideró a los integrantes del EPP como delincuentes que deben ser perseguidos dentro del estado de derecho.
Tras la promulgación de la ley, Lugo recibió esta mañana a tres dirigentes de la Coordinadora de Derechos Humanos (la directora ejecutiva, Carmen Coronel, y Roque Orrego y Juan Martens), que le manifestaron su desacuerdo con la medida, aunque aclararon que la respetan, y le advirtieron que harán un seguimiento de su cumplimiento, según informó la Presidencia.
El ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, quien participó de ese encuentro, anunció que el gobierno hará una campaña de instrucción sobre el estado de excepción, dirigida a gobernadores, intendentes, concejales y otros dirigentes departamentales.
Esa campaña tendrá el objeto de prevenir desvíos en el cumplimiento de la norma y también el de capacitar a los funcionarios locales para recibir posibles denuncias sobre eventuales abusos.
El estado de excepción fue dispuesto después de que el miércoles pasado fueran asesinadas cuatro personas en una finca del departamento Concepción, a unos 420 kilómetros de Asunción, en un hecho aún no aclarado que algunas fuentes atribuyeron al EPP y otras, a un enfrentamiento entre ladrones de ganado y efectivos policiales, según reportó la agencia noticiosa DPA.
Lugo envió entonces efectivos militares a la zona para reforzar a la policía y canceló el viaje que tenía previsto a Bolivia, donde iba a participar de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
El Senado aprobó el primer texto del proyecto de ley el jueves, pero el viernes la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, por lo que la iniciativa volvió a la cámara alta, que la sancionó ayer.
Los cambios al texto original se relacionan con la autorización para salir del país de investigados por la Justicia, las atribuciones del presidente durante la vigencia de la medida y el período en que ésta regirá, que Lugo pretendía que fuera de 60 días en lugar de los 30 finalmente aprobados.
fuente telam
Lugo promulgó el estado de excepción en norte de Paraguay
domingo, 25 de abril de 2010
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